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El día de hoy tenemos alerta azul porque el caso de Doña Jacinta, que hoy se presenta en el Centro Prodh, es una muestra de como el sistema de justicia de nuestro país ejerce prácticas discriminatorias, especialmente contra las mujeres indígenas, y permite que una persona sea sentenciada (como es su caso, a 21 años) con pruebas sumamente endebles, como las declaraciones de los policías que pretenden inculparla o una foto publicada en el periódico. Hoy iniciamos el camino a su liberación.
Doña Jacinta, víctima de un sistema
e justicia obsoleto espera justicia
• Fue involucrada en un conflicto entre AFI’s y comerciantes que los agentes
convirtieron en secuestro, con sus declaraciones como única prueba.
• Fue detenida con engaños y presentada a la prensa sin un proceso.
Doña Jacinta y su familia se dedican desde hace mucho tiempo a vender helados, dulces y aguas en Santiago Mexquititlán, una pequeña comunidad del municipio de Amealco de Bonfil en Queretaro.
El 26 de marzo de 2006 parecía ser un domingo cualquiera. Jacinta no supo el momento en que seis agentes de la AFI sin uniforme ni orden llegaron al tianguis dominical para despojar a varios comerciantes de sus mercancías alegando que se trataba de “pirateria”. Ella supo de su presencia hasta que salió de misa, a la una de la tarde. Alguien le dijo que había policías, pero ella no le dio mucha importancia al asunto: “yo ni le tome en cuenta ni le hice caso pues ya había visto en la tele que siempre se hace eso y cuando salí de misa me senté en mi puesto donde yo vendía mis aguas”, nos dice Doña Jacinta de aquella tarde.
Tres meses después, policías de civil le pidieron que los acompañara para arreglar un asunto sobre la poda de un árbol. Sabiéndose inocente aceptó acompañarlos pero al llegar se vio rodeada de periodistas. Pensó que tenía que firmar para salir, pero se trataba de una confesión. Esa noche fue internada en el penal de San José El Alto, donde permanece hasta hoy.
Según la experiencia de los defensores de derechos humanos en México, no es novedad que los pueblos indígenas y en particular las mujeres indígenas sean discriminadas por funcionarios públicos encargados de impartir justicia. En los casos más graves, esa discriminación tiene como consecuencia que personas sean afectadas en su derecho a la justicia, e incluso que sean encarceladas de manera injusta. Este es el caso de Doña Jacinta Francisco Marcial, mujer Ñhä-ñhú, madre de seis hijos que fue condenada a 21 años de prisión por un crimen que no cometió.
“Incidente de tránsito” ataque a gobernador
• “Jamas me sentí amenazado”, afirma Reyes Baeza a unos días del hecho.
La Procuraduría de Justicia de Chihuahua aprehendió a un exmilitar que supuestamente participó en el ataque donde murió un escolta del gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza. Por su parte la PGR consideró que no se trataba de un atentado, sino de un “incidente de tránsito” contra escoltas “satelites” del gobernador mientras circulaban.
Termina 2º Congreso de la APPO
• Se plantea la necesidad de reorganizar y rearticular a la APPO.
Con una convocatoria a barrios, comunidades y colectivos para organizar asambleas y aglutinar la base social y reorganizar a la APPO, terminó el segundo Congreso de esta instancia oaxaqueña. Dentro de los acuerdos destaca el desconocimiento de todos los niveles de gobierno con quienes sólo negociará la liberación de presos.
